Nos cambiamos de dirección septiembre 20, 2009
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Ley del bosque nativo septiembre 12, 2009
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Nuevamente el extremismo ambientalista pone en riesgo el desarrollo del país. Esta vez, a través de la ley del bosque nativo, normativa que acaba de termitar su trámite en el congreso. El senador Guido Girardi fue uno de los parlamentarios más activos durante el trámite de esta ley, promoviendo varias de sus indicaciones. Respecto a críticas formuladas por el sector privado, señaló que “no vamos a aceptar que se impongan mega centrales o mega sistemas de transmisión que destruyan el medioambiente. No se puede usar como subterfugio que las obras públicas o de conexión vial están en peligro, porque eso está cubierto por normas internacionales”. Según el descriterio de este senador, la infraestructura vial y de obras públicas es menos importante que los árboles.
En lo inmediato, esta ley significará retrasar todos los proyectos de centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, etc. Desde ahora en adelante se deberán solicitar permisos especiales cada vez que algún proyecto ponga en peligro un solo árbol nativo.
De esta manera, no importa que nuestro país sufra retraso y subdesarrollo. Lo importante es que tendremos lindos arbolitos nativos para observar. La cesantía generada podrá disfrutar del paisaje forestal nativo. El fetichismo arbóreo suplirá todas nuestras carencias.
Como una forma de resguardarse de las críticas, los ideólogos ambientalistas sostienen que alrededor del bosque nativo podría surgir toda una industria de ecoturismo sustentable que generará empleos y riqueza. Lo que no dicen, pero lo saben, es que estos empleos resultarán marginales si se comparan con la cantidad de empleos que se perderán como consecuencia de la paralización de muchos proyectos importantes para el país.
Los ecoterroristas no trepidan en hipotecar el desarrollo de un país con tal de alcanzar sus objetivos ideológicos y de imponer sus dogmas al resto de la sociedad.
Empresas “aprovechan crisis para despedir trabajadores” septiembre 5, 2009
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En estos días de crisis económica se ha vuelto un lugar común señalar que “las empresas se aprovechan de la crisis para despedir a sus empleados“. Por supuesto, este tipo de declaraciones habitualmente proviene de gente perteneciente al mundo progresista (¿¿¿???).
Sin embargo, carece de toda lógica pensar que las empresas contratan trabajadores para después despedirlos. Hay que tener mucho delirio de persecución para sostener algo así.
Cuando una empresa contrata trabajadores es porque está creciendo y necesita de más mano de obra y profesionales. Al contrario, cuando a una empresa le está yendo mal, necesita reducir personal que ya no es necesario. Eso les pasa a todo tipo de empresas, grandes o pequeñas.
Si nos ponemos a identificar malas intenciones en los procesos de despido, entonces también debiéramos suponer buenas intenciones durante los procesos de contratación. Sin embargo, no existen ni buenas ni malas intenciones. Las empresas contratan o despiden empleados en función de su rentabilidad, que es su principal objetivo. El rol social le corresponde esencialmente al Estado. Hay que poner las cosas en su lugar.
La misma libertad que tienen las empresas para contratar debieran tenerla para despedir. Las empresas no reciben subsidios para mantener cargos artificiales, como es el caso del Estado, que subsidia a muchos empleos públicos en respuesta a favores políticos.
Se sostiene que las empresas se llenan los bolsillos a costa de sus trabajadores (el eterno cuento de explotadores y explotados, la lucha de clases, etc.), olvidando que es de toda justicia que las empresas obtengan grandes utilidades que corresponden al premio por asumir el riesgo de emprender. Por cada emprendimiento exitoso hay muchos otros emprendimientos que quedan en el camino por no poder llegar a las cifras azules. ¿Quién ayuda a estos emprendimientos fracasados?. Nadie. Simplemente el emprendedor corrió un riesgo y asume sus pérdidas. El Estado no lo ayuda.
Por su parte, los trabajadores siempres son libres de trabajar en el lugar donde tengan las mejores condiciones. Nadie es obligado a trabajar como esclavo en ninguna parte. El deber del Estado es asegurar un crecimiento suficiente que permita la creación de más empleo para que hayan más alternativas laborales, es decir, promover la creación de empresas de manera de aumentar los indices de empleabilidad.
